Derechos de la mujer en el siglo XXI

Todos y todas sabemos que hace años que se abordan toda clase de medidas para aumentar la integración social de la mujer, me refiero hoy a la Cumbre de Niza, por ser ésta la reunión más reciente habida antes de empezar el nuevo siglo. De ella ha surgido toda suerte de opiniones. Algunas personas, nos hablan de precariedad y de exclusión, indicando que sin una justa redistribución de las riquezas, no habrá respeto por la recién aprobada Carta de Derechos Fundamentales. Otras, más optimistas, insisten en que, pese a quien pese, Niza en su conjunto ha significado un avance.

Más allá de quedarnos a caballo entre ambas posiciones, desde el punto de vista de las políticas de fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el documento resultante de Niza ha introducido algunas mejoras. Pero no todas las que son deseables.


Podríamos decir que tras el impulso adquirido con la celebración de la Conferencia de Gobiernos de Niza, se deba mantener abierta la caja de Pandora de todos los problemas que afectan a la ocupación femenina y por extensión al casi nulo crecimiento de nuestra demografía. De no ser así, sólo nos quedaríamos en la superficie de estos asuntos estructurales.

Por ello, interesa a todos seguir insistiendo de manera decidida en el fomento de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Y eso pasa, también, por una adecuada confección de las políticas familiares. Hablar de igualdad entre hombres y mujeres implica entrar en el (hasta ahora) resbaladizo tema de combinar eficazmente el fomento de la natalidad con el fomento de la ocupación femenina, remunerada.

Las ayudas directas a las familias por parte del Estado se ciñen al pago del salario de la mujer durante su permiso maternal y al pago de las cotizaciones sociales de la persona que deba substituirla en el trabajo durante ese período. Aunque se vaya avanzando lentamente en este tipo de exenciones para las empresas, esa única dirección no anula los efectos de la baja contratación femenina.


El Estado aporta, tal como hemos visto, algunas (y escasas) ayudas directas. Y en cuanto a las ayudas indirectas o en forma de deducciones fiscales, hay mucho por andar aún.

Esta necesidad se ve reforzada, además, por otro dato preocupante. Se trata de la discriminación salarial que sufren las mujeres por realizar un trabajo de igual valor que los hombres. No es pesimismo, pero mientras ese atentado a la igualdad de derechos persista, seguirá considerándose que el trabajo femenino es mano de obra barata. Y consecuentemente, seguirá considerándose que la mujer sólo sirve de complemento al mantenimiento de la familia. Para eliminar esta injusticia toda la sociedad debe mostrar disposición en asumir el costo de tal desequilibrio.

Lo que está claro es que la fórmula no puede ser por más tiempo la que ha sido hasta hoy. Ante la inminente reforma laboral que el actual Gobierno pretende impulsar, no puede haber más titubeos. Es decir, patronales, sindicatos, sociedad civil y gobiernos no han de ceder en la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos. De lo contrario, la reciente Carta de Derechos Humanos nacida en Niza, podría acabar siendo papel mojado.